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JOAQUÍN ARCOLLAS CABEZAS

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La recuperación de la memoria histórica. Los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín A. Cabezas

En la madrugada del 18 de agosto de 1936, el poeta Federico García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo González y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas Cabezas coincidieron en La Colonia, un cortijo de Víznar que había sido convertido por los falangistas en antesala de la muerte. Allí compartieron sus últimas horas de vida antes de ser asesinados. Eran los anarquistas Francisco Galadí Melgar y Joaquín Arcollas Cabezas muy conocidos en Granada, sobre todo en el mundo taurino del que llegaron a ser afamados banderilleros…


Ningún juez quiere abrir la fosa de Lorca… ni ninguna otra

El País, 20/09/2012. El juzgado de instrucción número tres de Granada dictó ayer un auto por el que archiva las diligencias que inició sobre la apertura de la fosa de Alfacar donde se cree puede yacer Lorca. Rechaza investigar “un presunto delito de múltiples detenciones ilegales de personas de cuyo paradero no se ha dado cuenta”, porque considera que ha prescrito y rechaza también abrir la fosa porque asegura que son las Administraciones públicas, no la justicia, quienes han de hacerlo. La resolución no es firme y cabe recurso.

La juez Aurora María Fernández García ya devolvió en julio de 2009 al juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional la parte de la causa que le había remitido el juez Baltasar Garzón cuando se inhibió en la causa abierta contra el franquismo en favor de los juzgados territoriales donde se encontraban las fosas comunes, en este caso la de Lorca. La juez argumentó entonces que se trataba de “crímenes de lesa humanidad” y que por tanto no era asunto de su competencia, sino de la Audiencia Nacional.

Esa devolución y otra que hizo, por idénticos motivos, el juzgado de El Escorial que recibió la parte de la causa correspondiente al Valle de los Caídos —donde varias familias de republicanos allí enterrados habían pedido exhumar los restos— provocaron una cuestión de competencia que debía resolver el Tribunal Supremo. El alto tribunal tardó casi tres años en hacerlo. Lo hizo finalmente en marzo de este año después de haber sentado en el banquillo al juez Baltasar Garzón, acusado de prevaricación precisamente por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo y al que finalmente absolvió.

La juez Fernández basa ahora su decisión en ese fallo del Supremo centrado en la competencia sobre las fosas, del pasado marzo. En esa resolución el Supremo excluyó la posibilidad de enjuiciamiento penal de los autores de esos crímenes: “Esa clase de legítimas pretensiones no podrá canalizarse hacia el proceso penal ni llegar a concretarse en declaraciones de responsabilidad por delito”, rezaba el fallo, porque, según el Supremo, el delito de detención ilegal permanente desapareció del Código Penal en 1932 y no se reincorporó hasta 1944, por lo que no estuvo vigente durante la mayor parte del tiempo en que tuvieron lugar los fusilamientos y desapariciones de víctimas del franquismo. Y porque, aunque podría decirse que los familiares de los asesinados no tuvieron oportunidad de perseguir esos delitos durante la dictadura, estarían prescritos por el transcurso de más de 20 años desde la entrada en vigor de la Constitución y en cualquier caso, la ley de amnistía de 1977 forma parte del ordenamiento vigente.

El Supremo dio hasta tres razones para excluir el enjuiciamiento penal de los crímenes del franquismo. No obstante, dejaba la apertura de las fosas al criterio de los jueces locales, como la magistrada de Granada, al añadir, en ese mismo fallo que podía “instarse al juez de instrucción competente la práctica de las diligencias dirigidas a datar aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a la identificación de los afectados”. Es decir, abrir fosas y ponerle nombre a los restos.

Todo este embrollo jurídico de causas que van, vuelven y se devuelven se resume, en la práctica, en una evidencia: los jueces no quieren encargarse de las fosas del franquismo —como sí hacen los jueces argentinos con las víctimas de la dictadura—, y menos aún, después de ver al único juez que quiso hacerlo sentado en un banquillo por ello. Desde que el Supremo dictó ese fallo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha presentado denuncias en los juzgados territoriales cada vez que al abrir una fosa se han encontrado restos humanos con signos inequívocos de una muerte violenta —como cráneos con agujeros de bala y los respectivos casquillos—, pero ningún juez se ha acercado nunca a la exhumación a “datar” o “identificar” esos restos, tal y como indicaba el Supremo. Para el exmagistrado de ese tribunal José Antonio Martín Pallín, esos jueces “están prevaricando”.

Así pues, la única vía para los familiares de las víctimas, incluidos los de los dos banderilleros y un maestro que fueron asesinados y enterrados junto a Federico García Lorca, es la administrativa. Que en este caso, la Junta de Andalucía —que gastó sin éxito en 2009 más de 70.000 euros en buscar al poeta en el parque de Alfacar (Granada)— decida invertir en la búsqueda del poeta en la otra ubicación que se planteó a Garzón: el paraje de El Caracolar, a solo 430 metros.

Cronología polémica en torno a una fosa

1936. Federico García Lorca llega a Granada el 14 de julio. Tiene 38 años y ha dejado Madrid ante la creciente tensión política en la capital. Tras el triunfo de la sublevación franquista, el poeta se refugia en casa de su amigo Luis Rosales, hermano de dos destacados falangistas. La tarde del 16 de agosto es detenido por Ramón Ruiz Alonso, un exdiputado derechista. Los intentos de los Rosales y de Manuel de Falla por salvar al escritor no prosperan. En la madrugada del 18 de agosto, o del 19, la cifra baila según algunas fuentes, es fusilado junto a otros cuatro detenidos. Los documentos oficiales dicen que Lorca falleció “debido a heridas producidas por hecho de guerra”.

1940. El juzgado de Granada extiende el 21 de abril el certificado de defunción.

1955. Manuel Castilla, El Comunista, encargado de enterrar a los fusilados, señala como lugar del asesinato y del enterramiento un paraje en Alfacar. Lo hace ante Agustín Penón, historiador estadounidense hijo de exiliados españoles.

1966. Castilla indica el mismo lugar a Ian Gibson, biógrafo de Lorca. Diez años más tarde, ambos repiten la visita.

2007. El 27 de diciembre entra en vigor la Ley de la Memoria Histórica. Su nombre oficial es Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

2008. El 16 de octubre, el juez Baltasar Garzón ordena la exhumación de 19 fosas, entre otras aquella en la que se suponía que estaba Lorca. La familia del poeta, contraria a buscar sus restos, sostiene luego que se reserva el derecho a identificarlos si aparecen.

2009. El 22 de septiembre comienzan los trabajos en Alfacar. Tras mes y medio de excavaciones, los arqueólogos dictaminan que en los 276 metros cuadrados “nunca se realizaron enterramientos, ni han existido restos óseos humanos”.

2012. Una jueza de Granada cierra la vía penal de cara a una posible nueva apertura de la fosa de Alfacar, al archivar la investigación penal abierta por un posible delito de detención ilegal. Queda abierta la vía administrativa.


Europa press, 14/09/2010. CGT-A pide la exhumación del banderillero Joaquín Arcollas al considerarse su “familia ideológica”

El grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (Rmhsa), de CGT-A, ha pedido la exhumación del banderillero anarquista Joaquín Arcollas, enterrado supuestamente con Federico García Lorca, Dióscoro Galindo y Francisco Galadí, al considerarse su “familia ideológica” y ha solicitado, en consecuencia, que le sean entregados sus restos.

Dióscoro Galindo González - profesor, activista republicano, Francisco Galadí Melgar - banderillero, militante anarquista, sindicalista y combatente republicano, Joaquín Arcollas Cabezas - banderillero, militante anarquista, sindicalista y combatiente republicano

Dióscoro Galindo González - profesor, activista republicano, Francisco Galadí Melgar - banderillero, militante anarquista, sindicalista y combatente republicano, Joaquín Arcollas Cabezas - banderillero, militante anarquista, sindicalista y combatiente republicano

Así consta en el escrito que Rmhsa ha remitido a la Consejería de Justicia una vez que se ha ampliado el plazo de alegaciones para la apertura de la fosa de Alfacar en el que CGT-A entiende que el concepto ‘familia’, en el caso de Arcollas, que no dejó descendencia o no se tiene constancia de ella, está justificado que se amplíe a ‘familia ideológica’ “para de esta forma no quedar desprotegido de sus derechos como víctima”.

“También podríamos aducir que, según nuestra concepción, la familia no es un concepto restringido a los vínculos de sangre, sino extensible a la convivencia e identidad de valores y experiencias vitales voluntariamente aceptadas”, señala la organización en el documento, al que tuvo acceso Europa Press.

Asimismo, añade que esas asimilación se ha hecho en otros procesos en los que la “descendencia sucesoria” se ha aplicado para resolver, por ejemplo, la devolución de bienes incautados por el franquismo pertenecientes a organizaciones hoy desaparecidas pero con vinculaciones ideológicas y estatuarias reconocidas. “En este caso se ha aplicado a organizaciones, pero el argumento nos parece perfectamente válido aplicarlo a las personas que son las que le dan contenido e identidad ideológica con sus prácticas”, mantiene.

De igual forma, considera la CGT-A que el banderillero no cuenta, por la ausencia de familiares, en los debates sobre la pertinencia o no de la exhumación ni en el tratamiento que deban tener sus restos “y por lo tanto su propia memoria” y observa una “cierta simplificación” en la información sobre la apertura de la fosa, con “trascendencia pública y mediática”, centrada en la figura de Federico García Lorca, si bien también se han expresado los intereses de Galadí y Galindo.

Por las razones anteriores y, teniendo en cuenta que de la biografía de Arcollas se desprende su filiación anarquista, la CGT, que en su estatuto se vincula con el anarcosindicalismo histórico, pide personarse en el expediente de localización, exhumación, identificación y tratamiento de los restos humanos que en su caso se puedan hallar en la fosa común en donde presumiblemente se encuentran los restos del banderillero. También, en consecuencia, pide tener acceso a toda la documentación que se genere en el proceso y que el grupo de trabajo sea oído en cuantas decisiones puedan afectar a la exhumación.

Rmhsa ha trasladado así su posición favorable a la localización de la fosa, la exhumación e identificación de los restos, y pide la entrega de los que correspondan a Joaquín Arcollas Cabezas, tal como dispone la Ley 52/2007 –conocida como de la Memoria Histórica–.

joaquin_arcollas_cabezas.txt · Última modificación: 2014/03/22 08:37 por paco

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